Miles de estudiantes firman una petición para impugnar el examen de Matemáticas Aplicadas de la Selectividad andaluza

La segunda jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía, celebrada el miércoles, ha estado marcada por la polémica en torno al examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, una de las pruebas más temidas del itinerario de Ciencias Sociales.

Mientras que tradicionalmente el foco de las quejas suele recaer sobre el examen de Matemáticas II (orientado a los estudiantes del itinerario de Ciencias), en esta ocasión ha sido su homólogo de Sociales el que ha generado una oleada de indignación entre el alumnado.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el mismo momento en que los estudiantes salieron de las aulas, redes sociales y grupos estudiantiles comenzaron a arder en críticas, calificando el examen de "extremadamente complejo" en comparación con el contenido trabajado durante el curso.

Como consecuencia, miles de estudiantes han comenzado a movilizarse, canalizando su indignación a través de una petición formal para impugnar la prueba. La iniciativa, publicada en la plataforma Change.org, ha superado ya las 10.700 firmas en apenas un día y está dirigida a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

El texto de la petición expresa con claridad el sentir colectivo: “La prueba, según nuestra experiencia y sensación colectiva, excede con creces el nivel de estudio proporcionado y la preparación recibida durante el curso académico”. Añade además que, según datos preliminares, un gran porcentaje de estudiantes no alcanzará el aprobado, lo que los promotores consideran una evidencia de la "incongruencia" entre el examen y el currículo impartido.

El impulsor exigen una revisión del examen, así como una reajuste de los criterios de corrección, con el objetivo de reflejar de forma más justa el conocimiento real del alumnado. La petición también subraya el hecho de que las notas obtenidas en esta prueba afectan a la admisión universitaria en todo el territorio nacional, en igualdad de condiciones con estudiantes de otras comunidades, lo que puede generar una situación de desventaja para los alumnos andaluces.

La situación ha reabierto el debate sobre la equidad en los exámenes de acceso a la universidad. Desde hace años, tanto profesores como alumnos vienen reclamando una homogeneización de los modelos de examen y criterios de corrección a nivel nacional. Aunque el Gobierno central había prometido avanzar hacia una PAU común, lo cierto es que la disparidad entre comunidades autónomas continúa siendo una fuente de desigualdades. Algunas comunidades, gobernadas por el Partido Popular, ya anunciaron en 2024 que se coordinarán entre ellas para tratar de reducir estas diferencias.

Mientras tanto, los comentarios en la petición reflejan la desesperación y descontento de los afectados en Andalucía: “No es justo el nivel de examen que han puesto”, “Salimos llorando de la prueba” o “Exigimos un examen asequible, no uno que castigue injustamente a los estudiantes”.

La polémica deja entrever un sentimiento generalizado: que lo que debía ser un examen justo y equilibrado, se ha convertido para muchos en una barrera inesperada en su camino hacia la universidad.