Las protestas de las emergencias aéreas se recrudecen en Andalucía e irán a la huelga desde julio

Tras varias semanas de amenazas, la crisis continúa para pilotos, técnicos, personal sanitario y rescatadores de emergencias aéreas, que, con el pulso reforzado con una administración pública que no ayuda, irán a la huelga desde el próximo 1 de julio. La medida de fuerza, contra la empresa Avincis Aviation España, operadora de helicópteros sanitarios, de rescate y extinción de incendios, busca denunciar "una década de salarios congelados" y condiciones laborales "maratonianas". En Andalucía, la protesta afecta directamente al transporte aéreo de emergencias sanitarias del 061, así como a salvamento marítimo y el servicio de apoyo al Infoca.

"Era una opción que teníamos desde hace tiempo sobre la mesa y, tras no llegar a un acuerdo en la última reunión con la empresa el miércoles, hemos decidido darle comienzo", explicó a este periódico Enrique Durán, coordinador general de SLTA (Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos), sindicato mayoritario.

La principal demanda del personal es la recuperación del poder adquisitivo perdido, cifrado en hasta un 25%. Según Durán, los salarios están "congelados desde 2015", sin ningún ajuste para compensar el aumento del IPC. "No queremos centrarlo todo en el dinero, pero desgraciadamente casi. Una de las prioridades es recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos últimos diez años en los que no ha habido ningún tipo de ajuste salarial para acomodarlo a la carestía de la vida. Se ha ido subiendo el IPC y nuestros sueldos se han quedado congelados”, afirma.

Aunque la huelga siempre se utiliza como una medida de presión eficaz en los servicios públicos por la afectación a la ciudadanía, para las emergencias aéreas, la "visibilidad" es su principal arma, por encima de las molestias a causar dado que los servicios prestados son esenciales (99% para administraciones públicas como el 061 de Andalucía o el Ministerio de Transportes) y se esperan servicios mínimos del 100%, con lo que el paro convocado en toda España por el comité de empresa de Avincis queda prácticamente sin consecuencias prácticas. "Esto significa que la prestación del servicio al ciudadano no se vería mermada", indica Durán.

La otra pata de esta estrategia, según el sindicato, es "hacer partícipes" a los clientes de sus servicios, es decir, a las administraciones públicas. "Entendemos que, aunque un servicio esté subcontratado a una empresa privada, eso no quita que la responsabilidad final sea una responsabilidad pública porque al fin y al cabo el servicio se presta con dinero público", argumenta Durán, instando a las administraciones a “que se preocupen y protejan a los trabajadores de este tipo de servicios”.

La representación sindical lamenta que, a pesar de que las administraciones públicas han incrementado hasta en un 50% las partidas destinadas a los contratos con estas empresas, "los trabajadores no han visto ni un euro de mejora" en sus nóminas. "Las empresas llevan cierto tiempo hablando con las Administraciones para subir el precio de las licitaciones, según ellos, por el aumento del precio del combustible, del material que se utiliza o del repuesto, y se han conseguido esos aumentos", afirma. "Sin embargo, por poner un ejemplo, en salvamento marítimo antes eran 45 millones por año y a día de hoy son 61 millones de presupuesto. El Ministerio de Comercio ha aumentado 16 millones las cuentas y los trabajadores no han visto absolutamente nada. Ninguna mejora de salarial ni de condiciones de trabajo", añade.

Más allá de lo económico, las condiciones laborales son un punto crítico. El personal denuncia jornadas que superan las 2.000 horas anuales, con turnos de doce horas de trabajo y hasta veinte días continuados de guardia. “Tenemos una nula conciliación familiar, tenemos programaciones a cinco días de comenzar el mes. Es imposible poder conciliar así”, destacó Durán.

El sector, al estar acogido al Real Decreto de Jornadas Especiales, permite trabajar fines de semana y festivos. Sin embargo, los trabajadores no disfrutan de los ocho días libres mensuales que, según el sindicato, les corresponden por ley. “Eso no existe aquí. No hay ningún trabajador que esté 365 días pendiente de la empresa. Nosotros sí. Nos pueden cambiar la programación con 24 horas de antelación”, explica el coordinador de SLTA, que añade que, pese a las molestias que eso puede suponer, "no hay ningún tipo de compensación económica por esos cambios". Una situación que Durán resume en una frase. "Trabajamos para servicios de emergencia, pero no puede ser que nuestras vidas personales sean una emergencia", sentencia.