El inspector de la ITV estuvo investigado por el accidente del autobús en Cádiz y fue exculpado

Cádiz/El técnico que se encargó de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del autobús que atropelló mortalmente a cuatro personas en la capital gaditana el 9 de octubre de 2023 estuvo investigado en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz para esclarecer las circunstancias que desembocaron en tan fatal siniestro, si bien justo cuando finalizó la instrucción del caso, una vez practicadas todas las pesquisas oportunas, la jueza decidió archivar el asunto respecto él al considerar que su actuación no tuvo trascendencia penal.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico han señalado que el chófer que conducía el autobús estuvo investigado en el procedimiento judicial desde un primer momento. Después, según avanzaron las pruebas periciales y testificales, el dueño de la empresa de transportes, Medina Travel Bus, pasó a tener también la condición de investigado (antes imputado). Y más tarde, el inspector de la ITV se convirtió en la tercera persona investigada en la causa.

Sin embargo, en el momento de concluir la instrucción y decidir quién debía o no acudir a juicio por el siniestro mortal, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz resolvió el archivo de las actuaciones respecto al empleado de la ITV, por cuanto estimó que su actuación no tuvo la suficiente entidad como para ser merecedora de un reproche penal.

Según las mismas fuentes antes citadas, los peritos de Tráfico encargados de elaborar exhaustivos informes sobre el accidente mortal determinaron que el trabajador de la estación de la ITV aplicó en la revisión del autobús -previa al siniestro- un manual así como unos protocolos que no eran los adecuados para el tipo de vehículo en cuestión y que debió haber realizado el examen del bus con un barómetro diferente al que empleó.

Con base en esta pericial, la jueza instructora estimó pues que la actuación del inspector no tuvo la trascendencia suficiente como para sentarlo en el banquillo de los acusados junto al conductor del autobús y al dueño de la compañía de autocares, para los que la Fiscalía pide cinco años de cárcel como responsables de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave.

El fiscal apunta en su escrito de acusación que el autobús implicado en el siniestro mortal "venía arrastrando anomalías en el sistema de frenado desde el año 2021", deficiencias que el gerente de la empresa "hacía reparar para obtener el informe favorable para pasar la ITV", aunque "con el paso del tiempo, no se preocupó de que el autobús estuviera en condiciones adecuadas para circular con seguridad".

"El mantenimiento de las piezas del sistema de frenado era deficiente", afirma la acusación pública en sus conclusiones provisionales. A consecuencia de ello, "presentaba holgura excesiva entre las juntas de freno y los tambores del eje motriz, superior a lo indicado en el Manual Eurorider".

El 18 de agosto de 2023, en la estación de la ITV, el autobús pasó la inspección técnica con resultado favorable, pero se le detectó desequilibrio en las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje superior al 20% e inferior al 30%, lo que se consideró una deficiencia leve que conlleva la obligación de repararla en un plazo de dos meses sin necesidad de pasar una nueva inspección.

"Con posterioridad a haber pasado la ITV -sin corregir aquella deficiencia leve- y con el fin de que el autobús siguiera prestando servicios pese a las anomalías registradas, el dueño, por sí mismo o a través de otra persona a su servicio, dispuso que se realizara una manipulación, voluntaria y deliberada, al sistema de frenado del eje trasero", concluye la Fiscalía.