“Es necesario poner vías legales y seguras para que puedan llegar”

Carlos Carvajal, coordinador de desarrollo de proyectos de la Asociación Cardjin en Cádiz, y gran conocedor del fenómeno migratorio, explica algunos aspectos interesantes a tener en cuenta, entre ellos que, pese al cambio de flujo migratorio, “nosotros desde Cádiz estamos dentro de los programas de acogida que tiene el Ministerio. Tenemos plazas concertadas con ellos y estamos participando de la acogida de personas procedentes también de la ruta Canaria”.

Reconoce que “actualmente hay mucho más control en el Estrecho”. “Europa –sigue diciendo– está pagando un dinero importante a Marruecos, a Libia y a todos estos países que facilitan la ruta del Mediterráneo. Se supone que están pagando para vigilancia, pero la realidad es que lo hacen para que no pasen los migrantes”. Eso está provocando que haya otras rutas, y una de ellas es la Canaria, que es más peligrosa.

Pero para muchos de estos migrantes su viaje no acaba en Canarias. “Lo que se hace cuando llegan es detectar si pueden ser solicitantes de protección internacional o no, o si son de atención humanitaria por razones económicas. Allí tienen unos centros de acogida, un macrocentro, donde van esperando el turno para poder cruzar a la península”.

Aquí en la península también existen cuatro grandes campamentos adonde se les dirige. Después son distribuidos entre las diferentes entidades sociales que colaboran con el Gobierno en la recepción de las personas migrantes. Hay tres tipos de acogida: de emergencia, de atención humanitaria y de protección internacional. Una vez que pasan este trámite entran en el proceso de la acogida a la que tengan derecho.

En la provincia de Cádiz existen asociaciones como Cardjin que colaboran con el ministerio en la ayuda de estas personas. También está Campano, una especie de centro de emergencia en el que la persona migrante delibera si va a ser solicitante de protección internacional o no y donde puede estar un mes, aunque siempre se alarga más en el tiempo. “Nosotros –explica Carlos– lo que tenemos es el de protección internacional, que están con nosotros un máximo de 18 meses. En ese tiempo tiene que haberse formado, tiene que tener una orientación laboral y buscar empleo”.

Y una vez que lo encuentra tiene quince días para abandonar el dispositivo. “Hasta diciembre teníamos el proyecto de atención humanitaria, que era algo diferente. Era un poco más de emergencia. Actulmente tenemos 56 plazas”, dice. Siempre están llenas.

Carlos considera que es necesario “poner vías legales y seguras para que puedan llegar a Europa. Si se controlara más el mercado laboral y sabemos qué personas son las necesarias, se podría hacer más hincapié en ver al migrante como una persona que viene a aportar. Tendrían las fórmulas para poder venir y se evitarían miles de muertes de seres humanos”, comenta.