El fiscal pide 16 años para el funcionario acusado por el robo de 7,8 millones de la caja del Ayuntamiento de San Fernando

San Fernando/La Fiscalía plantea penas que suman hasta 16 años de prisión para el principal encausado por el robo millonario de la caja de efectivo perpetrado durante años en el Ayuntamiento de San Fernando: el funcionario que fue responsable de dicho servicio Clemente Ruiz, que estuvo en prisión provisional entre noviembre de 2009 y julio de 2011.

Igualmente, para la que fuera su compañera en las oficinas de Hacienda, María José Lebrero, que también está procesada, las penas propuestas por la acusación pública suman en su conjunto hasta 12 años.

El polémico desfalco hace 16 años que puso patas arriba al Ayuntamiento isleño y desató un auténtico tsunami político y social de enormes proporciones al implicar la sustracción de hasta 7,8 millones de las arcas municipales sin que nadie se hubiese percatado de ello.

El escrito de calificación provisional, tras más de una década y media, supone además un hito que acerca la ansiada fecha para la celebración del juicio del robo de la caja –que así es que como pasó a la historia este lamentable asunto– tras una instrucción que se ha dilatado excesivamente en el tiempo.

Hay, además, otras tres personas procesadas por su relación con la trama para las que la Fiscalía pide también cuatro años de prisión por un delito de blanqueo de capitales.

A Clemente, concretamente, se le piden en el escrito de acusación 6 años de prisión así como la inhabilitación absoluta durante 12 años por un delito continuado de malversación de caudales públicos, otros 4 años de cárcel por falsedad en documento oficial cometido en su calidad de funcionario; 2 por falsedad en documento privado y mercantil; y otros 4 por blanqueo de capitales.

Por su parte, en el caso de María José Lebrero, en el escrito de calificación se plantean las siguientes penas: 6 años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como inhabilitación absoluta durante 12 años; 4 años por falsedad documental en documento oficial cometido por funcionario; y 2 por falsedad en documento privado y mercantil.

Además, se especifica que los acusados, conjunta y solidariamente, tendrán que indemnizar al Ayuntamiento isleño en las cantidades que el Tribunal de Cuentas haya fijado la responsabilidad civil o, subsidiariamente, en 7.808.986,22 euros, suma que se habrá de incrementar conforme a los intereses legales.

Al plantearse todas estas penas, el fiscal especifica también que concurre la atenuante de dilaciones indebidas dado el largo tiempo que ha transcurrido.

Entre 500 y 45.000 euros sustraídos a diario durante cinco años

La Fiscalía concreta además la cantidad sustraída de manera ilícita de la caja en efectivo en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de abril de 2009, que fue cuando la Policía detuvo a los dos responsables de la caja de las oficinas municipales de Hacienda al darse cuenta de que faltaba dinero –y mucho– tras varios días intentando cuadrar un desfase contable que había salido a la luz en una auditoría de la Cámara de Cuentas. El importe desaparecido de las arcas públicas, concretamente, asciende a esos 7.808.986,22 euros a los que se eleva la cantidad que se reclama a los acusados.

De hecho, en el escrito de calificación se especifica con detalle la cantidad que, año tras año, desapareció de la citada caja de efectivo que todavía entonces estaba operativa en el Ayuntamiento isleño: 1.159.432,30 euros en el ejercicio 2004, 1.386.799,70 euros en 2005, 1.445.846 euros en 2006, 1.794.140 euros en 2007, 1.563.782 euros en 2008, y otros 458.986,22 euros en 2009.

El dinero sustraído a diario casi siempre supuso una cifra redonda y osciló entre los 500 y los 45.000 euros.

En cuanto a la forma en la que se cometió el desfalco de la caja, tal y como ya advertían las investigaciones policiales llevadas a cabo en su día y como se puso igualmente de manifiesto en el proceso desarrollado por el Tribunal de Cuentas, se refiere la manipulación sistemática de las llamadas hojas de caja, documento que servía para llevar la contabilidad diaria y en el que se anotaban gastos e ingresos que se efectuaban en esta ventanilla del Ayuntamiento de San Fernando: desde ingresos procedentes de plusvalías y sanciones hasta aplazamientos concedidos o liquidaciones de otros impuestos municipales, así como el pago de ayudas sociales, dietas, gastos médicos del personal, etcétera.

Simplemente, expone la Fiscalía, los dos funcionarios acusados –al realizar las anotaciones en la hoja de caja– disminuían la cantidad que había quedado el día anterior y que debía sumarse para determinar el líquido existente en la caja. Y dicha diferencia era la cantidad que diariamente sustraían ambos.

El desfase contable que existía con el dinero en efectivo que tendría que haber se justificó durante años aludiendo al retraso en el registro de los pagos o a la existencia de un elevado número de avales pendientes de depurar, de forma que la sustracción del dinero era "difícilmente detectable" a menos que se llevara a cabo la comprobación específica y uno y a uno de cada justificante de pago o ingreso. Porque las cifras, en la contabilidad municipal, encajaban, pero evidentemente lo que no cuadraba era el remanente que debía haber en la caja.

Tampoco se detectó el robo en los arqueos que durante estos años se llevaban a cabo en el Ayuntamiento isleño por la misma razón: la cuantía que faltaba se imputaba falsamente a avales y operaciones pendientes.

El dinero sustraído provenía del montante existente en la caja, pero también de cheques y talones bancarios que se expedían a estos funcionarios bajo el falso pretexto de que era necesario aumentar la liquidez de la caja para hacer frente a determinadas operaciones, como el pago de ayudas de emergencia social que supuestamente se atendían a solicitud del propio Ayuntamiento.

Pero también procedía del pago de tasas por el corte de calles o, incluso, por la retirada de vehículos que se llevaba la grúa municipal por haber cometido infracciones. Los acusados, de hecho, eran los encargados de recibir el importe de las tasas abonadas a los agentes locales de Policía y, a partir de 2005, de retirar el efectivo de la máquina de cobro que se instaló a tal efecto en las dependencias de la Jefatura.

El funcionario que no se cogía vacaciones

En el escrito de calificación provisional se alude también al elevado nivel de vida que seguía la familia del principal acusado, así como a la existencia de varios negocios completamente ruinosos que mantuvo en el tiempo y que se relacionan con el blanqueo de las cantidades malversadas. Entre ellos, la tienda TeamQuad TR SL y la Inmobiliaria Nora, que la Fiscalía considera que sirvieron para enmascarar los ingresos ilícitos.

De hecho, se apunta también al uso de datos reales de ciudadanos procedentes del pago de plusvalías que se utilizaron para falsear las operaciones de compraventa en las que supuestamente había participado la citada empresa inmobiliaria.

Otra de las cuestiones que se relata en el escrito de acusación es la "especial vinculación" que Clemente mantuvo con la familia marroquí de los Buselham, con los que compartía varios de estos negocios "puramente ficticios y creados en concierto con ellos" con la única finalidad de blanquear las cantidades sustraídas.

Así, se hace igualmente referencia al alto tren de vida que seguían ambas familias: vehículos de alta gama, viajes, créditos, viviendas...

Otro de los detalles que llama la atención del fiscal –y del que ya se advirtió en las investigaciones policiales– es que el responsable de la caja de efectivo era el único funcionario que no cogía nunca vacaciones. Así evitaba tener que dejar el control de la caja en manos de otra persona, que podría haber descubierto lo que estaba pasando.

De hecho, entre 2004 y 2009 tan solo disfrutó de siete días de vacaciones y nunca durante ese periodo llegó a librar dos días seguidos. Sin embargo, en ejercicios anteriores –antes de que empezara la malversación de caudales públicos– su disfrute de vacaciones fue el normal de cualquier trabajador municipal.

En el escrito de acusación se concreta el día en el que comenzó la malversación de caudales en el Consistorio isleño: el 29 de abril de 2004. Hasta el día anterior, el recuento del dinero que había en la caja coincidía con el saldo que mostraba la contabilidad municipal.

Un escándalo que lo cambió todo en el Ayuntamiento de San Fernando

El pasado 1 de abril se cumplieron 16 años del robo de la caja, un escándalo que sacudió literalmente a la localidad de San Fernando y supuso un auténtico mazazo para su Ayuntamiento. La dilatada instrucción de la causa en el tiempo, que también ha pasado factura, se ha debido especialmente al nulo resultado que han dado las comisiones rogatorias libradas para investigar lo que se denominó 'la trama marroquí', supuestamente vinculada al blanqueo del dinero que, día a día y durante varios años, salía de las oficinas del área de Hacienda sin que nadie se percatara de nada.

La citada trama alude a la familia de origen marroquí entonces afincada en San Fernando y otras localidades cercanas que compartía amistad y negocios con Clemente, como se detalla en el escrito de acusación de la Fiscalía. Y también fue investigada por la Policía, si bien desde poco después de que estallara el escándalo del desfalco reside fuera de España.

De ahí las comisiones rogatorias libradas hace años a Marruecos para que prestaran declaración al menos hasta 6 personas investigadas. En su momento se consideraba una de las claves principales de la causa, por lo que la Fiscalía incluso se opuso en 2017 a que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando cerrara la instrucción sin que se hubiera resuelto este paso, como se pretendió en un auto que fue recurrido.

Pero dado el excesivo tiempo transcurrido sin obtener resultado, en 2023 el ministerio fiscal presentó un recurso de apelación en la Audiencia Provincial para avanzar en el proceso y evitar su bloqueo, que efectivamente podría llevar incluso a que prescribiera en el que caso de una prolongada inactividad procesal a lo largo del tiempo.

En dicho recurso se planteaba la división de la causa en piezas separadas para juzgar a los principales sospechosos a los que se les relacionaba con el delito de malversación de caudales públicos así como al resto de investigados que residen en España. La idea era retomar el proceso y continuar con los trámites para poder fijar fecha de juicio.

En paralelo a la causa penal abierta por el desfalco de la caja de efectivo del Ayuntamiento de San Fernando –que, por cierto, hace años que dejó de existir– se llevó a cabo el procedimiento de reintegro por alcance que juzgó y sentenció el Tribunal de Cuentas en 2013.

Se trata de un proceso similar en muchos aspectos cuyo objeto no es otro que dirimir la existencia de responsabilidades ante el menoscabo de caudales públicos. La cantidad malversada de las arcas municipales, según se determinó en este juicio contable, se fijaba en 7.665.733,92 euros, una cifra que resultaba algo inferior a la que se había anotado siempre en la investigación y recoge también el escrito de calificación (los 7,8 millones).

La sentencia del Tribunal de Cuentas, de la que ya se han cumplido más de 10 años, consideraba como responsables directos del alcance a los dos funcionarios que estaban a cargo de la caja, Clemente Ruiz y María José Lebrero, a los que reclamaba en consecuencia el pago de dicha cantidad. En 2018 se dictó el auto de ejecución y poco después se conoció la liquidación de los intereses, que ya entonces disparaban el importe reclamado hasta la cifra de 9 millones de euros. Sin embargo, por el momento no se ha conseguido recuperar ni un solo euro de esa cantidad millonaria que se esfumó de las arcas municipales.

Aunque en esta sentencia, la responsabilidad contable directa recayó sobre expresamente los dos funcionarios que estaban encargados del funcionamiento diario de la caja, el Tribunal de Cuentas consideró también responsables subsidiarios a los dos alcaldes que gobernaron durante el periodo en el que se produjo la sustracción de fondos, a los interventores que habían pasado por el Ayuntamiento isleño durante el periodo en el que se produjo el desfalco y a la tesorera. En este caso, las cantidades reclamadas oscilaban entre los 29.779 y 67.450,72 euros.

Curiosamente, al hablar del retraso que acumula la causa, hace ocho ya años que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) admitía que "sonroja" la dilatada instrucción de procesos como el del robo de la caja. El controvertido tema, que se remonta a abril de 2009, se citaba en la memoria de 2015 como uno de los ejemplos más reseñables del "mal funcionamiento de la justicia" al hablar de los Juzgados sin recursos que asumen causas complejas.