25 años de la Ley del Menor: el Colegio de Abogados de Cádiz repasa la norma a través del crimen de San Fernando

Han pasado veinticinco años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, un marco normativo que supuso un profundo giro en la forma de tratar a los menores infractores en España. Su nacimiento estuvo directamente marcado por la reacción social y el intenso debate mediático generado tras sucesos tan impactantes como el crimen de la katana, el caso de Sandra Palo o el asesinato de Klara en San Fernando, que pusieron sobre la mesa la insuficiencia del sistema penal juvenil de entonces.

Durante este miércoles, el Colegio de Abogados de Cádiz ha celebrado la jornada 25 años de la Ley del Menor: del crimen de San Fernando a la actualidad, que ha servido para reflexionar sobre la evolución de la justicia penal juvenil en España en el último cuarto de siglo. El decano del Colegio, José Adolfo Baturone Jerez, recordó que la ley comenzó su andadura sin medios suficientes: “Sin equipos de psicología, sin programas de mediación, sin recursos técnicos. Pero se fue asentando y acabó marcando un cambio de paradigma”. Aclaró que el objetivo del encuentro no era “hacer una autopsia del crimen de Klara”, sino entender cómo se construyó y ha evolucionado una ley clave para la protección y la reeducación de los menores infractores.

Así, la cita que -que reunió a figuras clave del ámbito jurídico- no buscaba centrarse exclusivamente en la reconstrucción de crímenes, sino en construir una comprensión más profunda de la normativa y su trasformación, subrayando el desafío permanente de combinar protección, justicia y posibilidades reales de reinserción para los adolescentes implicados en delitos.

UN CASO COMPLEJO QUE ACLARÓ LA NORMATIVA

La mesa de análisis estuvo integrada por cuatro figuras que vivieron de cerca el proceso judicial del caso de San Fernando, y que ofrecieron una visión plural desde sus respectivas funciones. José Ignacio Quintana Balonga, abogado de la acusación particular, relató cómo comprendió de inmediato la enorme complejidad del caso. Recordó especialmente el momento en que las dos menores, al ser conducidas a una sala, comenzaron a cantar, proyectando una aparente falta de conciencia sobre la gravedad de los hechos. Quintana compartió la conmoción que sintió la familia de la víctima al conocer que la pena máxima sería de cinco años: “Ahí comenzó el debate social y jurídico que desembocó en una reforma", añadió.

Por su parte, el abogado defensor, Luis Miguel Pérez Matallana, expresó cómo este caso lo interpeló primero como persona y luego como profesional del Derecho. “El mal existe, y es difícil afrontarlo. Pero incluso en los hechos más duros, el Estado de Derecho debe garantizar el derecho a la defensa”, indicó. Lamentó la fuerte presión social y mediática que rodeó al proceso, y señaló que intervenciones institucionales como las del entonces ministro de Justicia complicaron aún más la labor de las defensas. Aun así, consideró que la ley, pese a haber nacido sin medios, “cumplió su función”.

La fiscal del caso, Virginia Alonso González, abordó con profundidad la dificultad de trabajar con menores que son al mismo tiempo víctimas y victimarios: “Ambos te impactan, pero el fiscal debe guiarse por la ley, que es la herramienta para lograr una justicia eficaz y restaurativa”. Criticó duramente el juicio paralelo que se trasladó al entorno de las acusadas, recordando cómo incluso la hermana de una de ellas fue agredida en la calle. “¿Cómo educamos nosotros, los adultos, si hacemos eso? -se preguntó-. El proceso penal no puede ser venganza”, recalcando que los menores deben tener la oportunidad de reparar el daño y aprender de sus errores antes de que se consolide su personalidad.

Por último, Enrique Ramírez Manchón, que fue el magistrado encargado de ejecutar la sentencia, explicó las tensiones jurídicas a las que se enfrentó cuando debía decidir si las menores, ya alcanzada la mayoría de edad, debían ser trasladadas a prisión. “El problema no era solo qué hacer con dos personas concretas, sino demostrar si la ley funcionaba o no”. Expuso que recibió presiones institucionales y sociales en un momento clave: “Se estaban sentando precedentes. Lo importante era si la Ley Penal del Menor se consolidaba o fracasaba”.

Como cierre del encuentro, el vicedecano del Colegio, Joaquín Olmedo Gómez, abogado especialista en menores, ofreció una contextualización jurídica y evolutiva de la ley.