El banco público catalán: ¿sigue el rearme silencioso?

Esta semana, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que su gobierno iniciará los trámites para solicitar la ficha bancaria del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) con el objetivo de transformarlo en un banco público. La ficha bancaria permitiría al ICF captar depósitos, emitir productos financieros y operar como cualquier otra entidad bancaria del sistema financiero español y europeo. Aunque Salvador Illa ha enfocado la iniciativa desde una lógica de fortalecimiento del sector público y de servicio al tejido empresarial catalán, lo cierto es que la iniciativa responde a las presiones soberanistas, ya que la ficha bancaria del ICF ha sido históricamente una de sus reivindicaciones.

La propuesta no es nueva. Ya en 2015, con el proceso independentista en pleno auge, el entonces gobierno de Artur Mas intentó sin éxito obtener dicha licencia. En ese momento, se defendió la transformación del ICF como pieza clave en la construcción de las estructuras de Estado que debían preparar a Cataluña para una eventual independencia. El Banco de España se mostró tajante: no concedería una ficha bancaria a un organismo directamente dependiente de una comunidad autónoma.

Ahora, aunque el discurso independentista ha bajado de intensidad, el proyecto de fondo permanece. A través de una estrategia sutil, el soberanismo avanza en su rearme institucional: quedarse ligeros de deuda, una hacienda y un sistema judicial propios, control de infraestructuras estratégicas, forzar el retorno de sedes empresariales, mantener vivas las redes internacionales o la creación de este banco público.

Tener una entidad bancaria de titularidad pública podría permitir al gobierno catalán un poder de intervención en la economía mucho mayor, canalizando crédito hacia pymes, start-ups o sectores estratégicos que no logran financiación en la banca tradicional. También puede implicar riesgos por el posible uso partidista de los recursos, la falta de supervisión independiente o una posible politización de las decisiones crediticias.

No sólo eso. El paso de ser un establecimiento de crédito, como lo es hoy el ICF (con capacidad para conceder préstamos, pero sin captar depósitos), a convertirse en un banco con ficha completa es enorme. De momento, podría acceder a la liquidez del BCE, lo que podría generar conflictos políticos si se teme que el banco lo utilice para fines no alineados con el marco legal nacional. También podría convertirse en un comprador de deuda pública catalana, consiguiendo así no depender de los mercados financieros tradicionales.

Pero es que, además, implicaría que estaría cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos español (FGD), lo que supone una garantía pública estatal para los depósitos de sus clientes, incluso si el banco está controlado por la Generalitat. En otras palabras: un instrumento político regional, con mucho margen para que ellos hagan y deshagan, pero respaldado en última instancia por el conjunto del Estado. El gobierno de Illa evita el coste político de frenar esta iniciativa, confiando en que sean las autoridades europeas –BCE y Banco de España– quienes, en su caso, vuelvan a rechazarla.