Un privilegio insolidario

Existe una única razón para que el Gobierno de Pedro Sánchez esté dispuesto a conceder un sistema de financiación singular para Cataluña: es el precio que a modo de chantaje puso Esquerra Republicana para facilitar la llegada a la Presidencia de la Generalitat del socialista Salvador Illa tras las últimas elecciones celebradas en esa comunidad. Esa financiación que en la práctica equipararía a Cataluña con las autonomías de régimen foral, ni estaba en los planes del Ejecutivo ni había sido defendida nunca por el PSOE en los términos en los que finalmente se acordó en esa negociación. En la entrevista que publicó ayer este periódico, Salvador Illa defiende que la financiación singular no es un privilegio para Cataluña y que su implantación no perjudica al resto de las comunidades. Es lo que cabía esperar del político que preside la comunidad que se va a ver directamente beneficiada. Pero intentar convencer al resto del país de que no se trata de un planteamiento profundamente insolidario es una tarea imposible. La financiación de las comunidades autónomas, como se ha repetido hasta la saciedad, es un sistema de suma cero en el que lo que se dé de más a una hay que restarlo necesariamente del resto. En este caso, además, se privilegia a una autonomía que representa la segunda economía del país y se detraen recursos de las más desfavorecidas, que son las que están peor financiadas. Andalucía se ha opuesto frontalmente a esta pretensión y lo ha hecho cargada de razones. No solo ha sido el Gobierno andaluz y el partido que lo sustenta y cuya actitud podría obedecer a motivaciones de índole partidista. Han sido numerosos los colectivos que desde la sociedad civil han considerado que lo que se pretende hacer con la financiación singular para Cataluña es una maniobra que supone la ruptura del modelo de solidaridad territorial que ha funcionado en España al amparo de la Constitución de 1978. Una pretensión que nunca debería convertirse en hechos consumados y que Andalucía no puede tolerar.